El Tribunal Penal Internacional recibió con preocupación la decisión del gobierno sudafricano y teme que pueda producirse un efecto llamado.
El proceso de desconexión de algunos países africanos del Tribunal Penal Internacional (TPI) sigue su curso. Luego de que el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, promulgara una ley votada por el Parlamento para retirarse de La Haya, ahora es el Gobierno de Sudáfrica el que inició ante la ONU el proceso de salida.
El proceso de desconexión de algunos países africanos del Tribunal Penal Internacional (TPI) sigue su curso. Luego de que el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, promulgara una ley votada por el Parlamento para retirarse de La Haya, ahora es el Gobierno de Sudáfrica el que inició ante la ONU el proceso de salida.
Así lo anunció el pasado viernes el ministro de Justicia del país, Michael Masutha. La ministra de Exteriores de Sudáfrica, Maite Nkoana-Mashabane, envió una carta a Naciones Unidas en la que explica que la salida del tribunal será afectiva una vez el secretario general de la ONU haya recibido la misiva.
“Hemos hecho llegar la notificación de la retirada del Estatuto de Roma de la CPI al secretario general de Naciones Unidas”, declaró Masutha. Según él, las obligaciones de su Gobierno en la resolución de conflictos internacionales son incompatibles con las actuaciones de la TPI, a la que varios países del continente acusan de limitarse a perseguir a líderes africanos.
Masutha también justificó la retirada del TPI porque considera que la pertenencia a la Corte es un “impedimento legal” para el liderazgo de su país en la promoción de “la paz y prosperidad” en África.
El gobierno de Jacob Zuma, con un largo historial de inculpaciones, prepara una reforma de ley nacional para dejar sin valor la ratificación del Estatuto de Roma, que será aprobada sin problemas gracias a la amplia mayoría oficialista en el Congreso Nacional Africano.
Sudáfrica ya se enfrentó al TPI en junio de 2015, cuando el país austral se negó a detener en su territorio al presidente de Sudán, Omar al Bashir, reclamado por el tribunal por supuestos crímenes contra la humanidad. En aquella ocasión, el gobierno sudafricano desobedeció a su propia Justicia al ignorar sus obligaciones como miembro de la Corte Internacional. Y es que Omar Al Bashir asistió a la cumbre de la Unión Africana (UA) celebrada en Johannesburgo en 2015 desafiando la orden de arresto que pesaba contra él.
Temor al efecto llamada
El TPI, por su parte, recibió con preocupación la decisión del Gobierno sudafricano y en este momento está analizando la situación antes de emitir cualquier reacción, ya que temen que pueda producirse un efecto llamado.
El Tribunal Penal Internacional es el único tribunal internacional permanente encargado de procesar crímenes contra la humanidad, de guerra y genocidios. El Estatuto de Roma, por el que se fundó la CPI, entró en vigor en 2002 y cuenta con 124 Estados parte hasta la fecha.
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