viernes, 19 de enero de 2018

De Daktari a Óscar Pérez: El uso de la carta paramilitar contra Venezuela

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Colombia vivió un proceso de reconfiguración de su territorio debido al desplazamiento forzado de más de 2 millones de personas (en su mayoría de carácter rural/campesino) que produjo la ocupación y ofensiva militar del Plan Colombia y el paramilitarismo.
Lejos de resolver algo, aunque tampoco ese era el interés inicial, el negocio de la guerra se amplía al igual que sus mecanismos y canales de financiamiento, los que le dan existencia: narcotráfico, comercio de armas, criminalidad económica, etc.
La frontera venezolana recibe los primeros impactos de un fenómeno con rasgos transnacionales y transfronterizos, sustentados por un Estado fallido que entregó su seguridad interna a Estados Unidos y determinado, principalmente, por la importancia que tiene para este último la cocaína que ahí se produce y exporta; una balanza que a su vez inclina a favor el aumento en la demanda de armas. El narcotráfico también tiene su geopolítica.
Ese proceso de conquista sui géneris cuyo resultado fue la depredación progresiva, también sui géneris, de la vida económica y social de la frontera, trajo consigo el afianzamiento de grupos armados que pasaron a controlar rutas de contrabando, venta de armas y narcotráfico. La empresa de la guerra en Colombia marca USA creció sobremanera y buscó en Venezuela instalar su filial, expansión que dio además un nuevo carácter a la clásica delincuencia organizada en Venezuela bajo una economía ilegal trazada a partir del narcotráfico, el contrabando, el sicariato… y a futuro, de la violencia política.
Tratándose de una empresa, entonces, era natural que la necesidad de un aparato de seguridad privado, en este caso el paramilitarismo, haya adquirido formas como brazo ejecutor del neoliberalismo, toda vez que disputa al Estado el control social sobre el territorio. Y eso aplica tanto para Colombia como para Siria.
Esta penetración configuró la importación progresiva de ese ejército privado en suelo local, pero también su forma de moldear una cultura de la violencia específica en Venezuela, plantándose como empresa más allá de lo meramente delictivo. Por el hecho de tener esa cualidad privada, es que grandes intereses políticos pueden echar mano y utilizarlo. Es cuestión de asumir el riesgo de dicha inversión.
El paramilitarismo no es un fenómeno venezolano, las bandas y referentes del crimen organizado no nacieron espontáneamente, sus formas de administración de castigo y control social sobre ciertos territorios tampoco lo aprendieron en Internet; es consecuencia de la geopolítica de la guerra de Estados Unidos a través de Colombia, de la cual también son víctimas los colombianos. Estar al lado del principal productor de cocaína del mundo y del principal mercado de armas de la región se dice fácil, precisamente en ese detalle está la razón de ser de que el paramilitarismo sea utilizado como herramienta política en Venezuela y que como fenómeno tenga las implicaciones que tiene.
No producto de la casualidad jefe político del paramiliarismo colombiano, en una reciente intercambio con periodistas, empatizara con las acciones de Pérez y llamara al Ejército a sublevarse contra el Gobierno.

Daktari, modus operandi y la vía armada

El hecho de la finca Daktari en su momento dio dimensión de hasta dónde se estaba dispuesto a llegar para sacar al chavismo del poder, de hasta dónde se habían corrido los límites. Fue un año donde el país se encontraba movilizado por la agenda del referendo revocatorio impulsada por el antichavismo, quien buscaba consolidar una victoria política luego del golpe/paro/sabotaje de meses anteriores.
Los hechos y sus vinculaciones políticas y empresariales son harto conocidas; más de 100 paramilitares contratados, y vinculados a agentes infiltrados dentro de la fuerzas de seguridad y empresarios, daban la medida de un modus operandi que se ha repetido inercialmente durante los últimos años: a medida que se pierden batallas políticas, recurren al plomo; a medida que se pierden las batallas callejeras (guarimbas), donde también apelan al plomo, recurren a los sicariatos y asesinatos políticos. Y para ello solo falta quien ponga la plata sobre la mesa y quien mueva los resortes (piense en la CIA), y quien desde la tribuna política y mediática sea cómplice en desvirtuar, negar o legitimar lo que de allí resulte.
Dependiendo de ese contexto más general es que adquiere visibilidad en qué momento se apela a células armadas (germen de los ejércitos privados) para intensificar la violencia callejera, o cuando, en circunstancias de reflujo, se emplea con fines selectivos como asesinatos políticos. Después del icónico hecho de la finca Daktari se han evidenciado las múltiples formas de aplicación de este instrumento, resaltando los periodos de guarimba como escuelas o centros de entrenamiento, donde también se intenta posicionar grupos armados (disfrazados de “manifestantes”, por supuesto) para escalar la confrontación.
Las guarimbas de 2017 describieron bastante bien que las molotvs y escudos hechos de latón eran herramientas de márketing que difuminaba -para la prensa mundial- el secuestro y control de urbanizaciones, el uso de francotiradores y de armas de fuego en confrontaciones y la intención probada de llevar a cabo asesinatos contra personas por ser o parecer chavistas.
Existe una intención manifiesta de tantear la vía armada, tanto por actores internos como externos: el reconocimiento internacional del escenario de confrontación de las guarimbas, partera de células como la de Óscar Pérez y Juan Caguaripano, vino por parte de Estados Unidos y la Unión Europea principalmente.

Células armadas y el caso Libia

Luego de cerrado el ciclo de violencia política y armada en Venezuela, se suscitaron tres ataques armados. Uno dirigido contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, mientras niños que estudian en esa institución se encontraban adentro) y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz desde un helicóptero donde se lanzaron granadas y ráfagas de disparos de alto calibre; y otros dos contra instancias de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el estado Carabobo (Fuerte Paramacay) y el estado Miranda (Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB). El fin era obtener armas para preparar un golpe a futuro y ganar capacidades, pero también imponer en la opinión pública una supuesta superioridad en términos tácticos y militares, además de un clima de terror.
Con estos ataques dos células armadas (una de Óscar Pérez y otra del ex militar capturado Juan Caguaripano) pasaron a ser la nueva apuesta.
Una célula no es un fin en sí mismo, sirve como agrupamiento inicial de una estrategia superior dirigida a conformar un ejército paralelo: tras un proceso de infiltración y cooptación de fuerzas regulares para producir deserciones, se intenta darle forma y objetivo político. De esta manera ocurrió durante la “primavera árabe” que azotó Libia, donde los servicios de inteligencia de la OTAN lograron extraer oficiales del estamento militar para nutrir a los “rebeldes”, bajo un marco narrativo global que ubicaba como única ruta con sentido práctico la agenda armada para salir de Gadafi. ¿Les suena?
Pérez y Caguaripano eran evidencia de esa intención (global pero adaptada a cada terreno) de “resolver” los conflictos a plomo y de infiltrar fuerzas de seguridad para conformar el germen de un ejército privado. En Venezuela la visibilidad de esta intención es aún mayor cuando se mide el asedio psicológico al que están sometidas la FANB, los recurrentes llamado de la oposición a “ponerse del lado de la Constitución” (eufemismo para llamar a la insurrección) y las infiltraciones detectadas a tiempo.
En tal sentido el desmantelamiento de estas dos células altamente peligrosas no sólo iba dirigido a revertir cualquier acto de sabotaje o terrorismo a futuro, según el constituyentista Diosdado Cabello se preparaban para hacer estallar un carro-bomba en la embajada de Cuba, sino también neutralizar posibles operaciones dentro de las fuerzas de seguridad. Este último punto es clave en cuanto a la anticipación con respecto a los servicios de inteligencia extranjeros que pudieran estar operando para reeditar a un Pérez o a un Caguaripano que, nuevamente, intenten dirigir al país por los derroteros de la guerra.

Medios, políticos estadounidenses y legitimación del paramilitarismo con otro nombre

Un componente fundamental que posibilita la legitimación y empatía con grupos armados son los medios de propaganda privados. Bajo la imposición de un alias globalizado (los “rebeldes”), se ha justificado desde las grandes empresas de la comunicación el caos y la mercenarización de conflictos, como en Medio Oriente luego de la “primavera árabe”. Y “rebeldes” son, justamente, todas las células terroristas o grupos armados que “emerjan” en territorios con gobiernos que no están alineados a Estados Unidos.
Venezuela no escapa de este tratamiento, ya durante las últimas guarimbas habían adelantado un cuadro narrativo para representar como “enfrentamientos entre manifestantes pacíficos contra militares armados” lo que realmente eran episodios de ultraviolencia, cortes de vías, disparos de francotiradores y saqueos contra comercios.
Sin embargo el alias “rebelde”, una nomenclatura que signa un factor militar, se vio con claridad luego de que Óscar Pérez y su grupo cayeran abatidos en el enfrentamiento; medios internacionales y locales cartelizaron el tono y lo glorificaron como “el piloto que se rebeló contra Maduro”, apelando a las brechas de desinformación que dejó el operativo, y sobre todo, a las voces más extremas del espectro político (María Corina Machado, Diego Arria, Antonio Ledezma, etc.) que dieron un respaldo frontal a Pérez.
Si bien ese alias ya denota en sí la intención de correr los límites del relato en pro de legitimar células armadas, ubicando a Pérez en la misma coordenada simbólica de organizaciones terroristas en Medio Oriente, otro dato prefigura los apoyos externos con los que cuenta la opción bélica: Marco Rubio, Otto Reich, Roger Noriega e Ileana Ros defendieron a Óscar Pérez y respaldaron sus acciones.
No se trata de simples congresistas o voceros políticos de Estados Unidos, sino de un sector que luego del ascenso de la Administración Trump ha alcanzado importantes niveles de influencia para configurar el marco de las relaciones exteriores EEUU hacia Venezuela. Resaltan los casos de Otto Reich y Roger Noriega, ambos operadores de la guerra sucia en Centroamérica y vinculados estrechamente a los servicios de inteligencia estadounidenses, a los que Marco Rubio, en su posición de senador, les da un empujón para que su limitada voz se escuche. Caso que también aplica para Luis Almagro, que aprovechando la ola desde su cuenta Twitter compartió el apoyo dado por ONGs financiadas por el Departamento de Estado, como Human Rights Watch.
En este punto es necesario recalcar lo obvio: el próximo atentado que planeaba la célula de Pérez, o la de Caguaripano antes de su desmantelamiento, estaría legitimado por estos actores políticos del Congreso estadounidense, los cuales han demostrado influencia en delimitar la política exterior hacia Venezuela. Marco Rubio e Ileana Ros incluso tienen acceso a cajas negras presupuestarias con las cuales podrían, incluso, otorgar financiamiento para no detener el entusiasmo, un dato ya de por sí bastante peligroso.
Esa prueba es más que suficiente para poner en contexto el operativo contra la célula de Pérez, pero sobre todo, como el paramilitarismo está sobre la mesa de quienes han adquirido una influencia relativa en la Casa Blanca para moldear el qué hacer con Venezuela.
Durante estos días se ha intentado mostrar a Óscar Pérez como un caso aislado, cuando en realidad representa una continuidad (aún no lograda) en el marco de la agenda paramilitar contra Venezuela.
(Tomado de Misión Verdad)

PLAN DE ESTADOS UNIDOS EN LA AMAZONÍA: CREAR LABORATORIOS BIOLÓGICOS CON FINES MILITARES

Artículo escrito por Rodrigo Bernardo Ortega
En pasadas entregas, mostramos el peligroso proyecto que tiene el gobierno de Estados Unidos para el control territorial a través de laboratorios biológicos estratégicamente ubicados. En efecto, salvo en Australia, la Casa Blanca tiene centros de investigación en virus y bacterias en todos los continentes. Llama la atención el plan para “cercar” a Rusia, pues según denuncias hechas por el Kremlin, Estados Unidos tiene laboratorios en Georgia, Ucrania y Kazajistán (todas repúblicas ex soviéticas que comparten frontera con Rusia)(http://www.hispantv.com/noticias/salud/52961/moscu-denuncia-laboratorios-biologicos-de-eeuu-cerca-de-rusia). De esta forma, en un eventual ataque, el gobierno del actual presidente Trump tendría una ventaja notable frente a sus adversarios, reavivando la vieja lógica de la Guerra Fría. Sin embargo, el presente artículo no pretende ahondar en la amenaza mundial que significan los centros biológicos norteamericanos. Por el contrario, busca fijar su mirada en un proyecto específico que ha pasado desapercibido (quizás con complicidad) para la mayor parte de los medios de comunicación. Este plan tiene que ver con el control de la Amazonía como una de las proyecciones geopolíticas del Pentágono, para lo cual Brasil y Colombia resultan dos centros neurálgicos en la realización de sus intereses.
La historia ha demostrado que Estados Unidos no hace nada sin tener un interés plenamente identificado. En este sentido, lo que se cree es un “acuerdo de cooperación militar” entre Bogotá y Washington para la lucha contra el narcotráfico, tiene un trasfondo muchas veces ignorado (http://www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO44/robledo.htm). La presencia de militares norteamericanos repartidos en siete bases (Malambo, Atlántico; Palenquero en el Magdalena Medio; Apiay, Meta; las bases navales en Cartagena; Bahía Málaga en el Pacífico; el centro de entrenamiento en Tolemaida y el Fuerte militar Larandia en Caquetá) es una muestra de la ambición territorial del país del norte en América Latina, con la que espera llevar a cabo su proyecto de control geopolítico.
Basta con observar la distribución de las bases militares para darse cuenta que el posicionamiento no tiene nada de inocente. Por el contrario, dada la ubicación estratégica de las bases militares en cualquier momento y bajo el motivo que sea, Estados Unidos podría invadir Colombia (https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/que-persigue-estados-unidos-con-las-bases-militares-en-colombia). Y no es una exageración, pues si se observa el mapa con detenimiento, se puede concluir que la presencia de militares norteamericanos está asegurada en los cuatro rincones del país. En el norte, en las principales ciudades; en el centro-oriente, concretamente en el departamento del Meta, desde donde podría dirigirse un ataque contra la hermana República de Venezuela (http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/05/11/bases-militares-de-eeuu-en-colombia-apuntan-a-venezuela/#.Wg_sz-RhjIU), en el occidente controlando los puertos del Pacífico y en el sur en Caquetá, muy cerca de la Amazonía donde existen planes para hacerse con las fuentes de agua y la creación de enfermedades vía laboratorio.
De hecho, como ha sido varias veces documentado, bajo el pretexto de “la lucha contra el narcotráfico”, Estados Unidos ha probado peligrosas armas biológicas en territorio colombiano. Durante el llamado “Plan Colombia” que no fue otra cosa que un proyecto de control espacial basado en la aspersión aérea con productos diseñados para la devastación de poblaciones y la creación de enfermedades incurables, el Pentágono aseguró la lealtad de las élites corruptas de Bogotá. Además, el país del norte introdujo peligrosas sustancias nocivas para los cultivos como el hongo patógeno Fusarium, componente considerado como un “agente biológico para la guerra” cuyos efectos son irreversibles (https://www.ecoportal.net/temas-especiales/salud/de_nuevo_armas_biologicas_de_usa_en_colombia/). Pues bien, este peligroso hongo se utilizó en la erradicación de los cultivos de uso ilícito, pero además con él se contaminaron otras tierras dedicadas a la agricultura y fueron afectados hasta los granos almacenados por los campesinos. Luego de muchas presiones de activistas, el microherbicida fue retirado de las aspersiones aéreas, pero ya cuando había causado enormes daños en el medio ambiente colombiano. Ahora, en la era del magnate-presidente cuya visión estrecha del mundo se basa en la conquista y el dominio se quiere reactivar el uso del glifosato y otros agentes químicos que una vez más demuestran la ambición de Estados Unidos por reducir y aplacar a “su principal aliado en América Latina”.
De acuerdo con el microbiólogo norteamericano Jeremy Bigwood, el hongo Fusarium es un agente bioquímico que mata a los organismos que penetra por medio de las toxinas que produce. Esta variedad conocida como el “agente verde” puede ser letal incluso para el ser humano. En efecto, algunos documentos históricos prueban que campesinos murieron luego de la ingesta de pan y otros alimentos contaminados con el microherbicida. (http://www.mamacoca.org/feb2002/art_gonzalez_armas_quimicas_y_biologicas.html). Ahora bien, es oportuno preguntarse ¿qué sucede en las bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano? Luego de que la Corte Constitucional prohibiera el uso del glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito por ser considerado un agente peligroso y nocivo (https://www.telesurtv.net/news/Corte-colombiana-prohibe-la-aspersion-aerea-de-glifosato-20170426-0041.html), ¿es necesario contar todavía con la presencia de militares estadounidenses? La respuesta es claramente no, pero el hecho de que el presidente Trump haya mantenido las tropas en Colombia demuestra que está en marcha un plan de agresión.
La recurrente entrada y salida de aviones a las bases militares es un asunto inquietante toda vez que significa una vulneración clara y efectiva a la soberanía nacional, así las élites en Bogotá quieran presentarlo como un “acuerdo de mutuo entendimiento”. La realidad es que, dentro de estos centros de operación, el Pentágono viene desarrollando armas bioquímicas con las que espera mantener controlada a toda la población de América Latina. Dicho de otro modo, la presencia de militares norteamericanos no sólo está dispuesta para el monitoreo de actividades relacionadas con el narcotráfico, sino por el contrario con la producción de armas biológicas que se utilizarán al mínimo signo de oposición a los planes del imperialismo. El hermetismo con que se maneja el tema y la imposibilidad de entrada a ciertos puntos de la geografía nacional considerados “sensibles” para el gobierno de Estados Unidos, demuestran que se está fraguando un plan para la conquista pasiva del territorio. De hecho, la Casa Blanca está haciendo la guerra a Colombia y los colombianos ni siquiera se dan por enterados.
Como se mencionó hace algunos acápites, una de las bases militares se encuentra en Caquetá, departamento fronterizo con la Amazonía que, no es sorpresa alguna, es una de las principales fuentes de agua potable del mundo además de una de las reservas de biosfera más ricas del planeta. Entonces, el plan geopolítico de Estados Unidos es claro: hacerse con el control de este punto estratégico so pretexto de la “protección del ambiente y el mantenimiento de la seguridad”. Por esa razón, en los próximos meses, la administración Trump presionará para que se reactive la erradicación vía aérea de los cultivos de uso ilícito mediante la implementación de virus y bacterias que se desarrollan en laboratorios secretos ubicados en la Amazonía colombo-brasilera. De allí partirá como hace más de quince años una guerra biológica silenciosa pero efectiva, la cual le permitirá al gigante del norte continuar con su despliegue militar (http://ccs.org.es/2000/11/20/guerra-biologica-en-la-amazonia-colombiana/).
El fin último de la ambición geopolítica del Pentágono es plantar bandera en “el pulmón del mundo” para manipular a su antojo el futuro de la humanidad.
El sustento de lo dicho con antelación es la operación conjunta AmazonLog 17 liderada por el ejército brasilero e inspirada en una actividad similar realizada por la OTAN en Hungría (2015), en la que Brasil participó como observador. La misión que se llevó a cabo en mayo de 2017 en la triple frontera amazónica (Brasil-Colombia-Perú) contó ni más ni menos que con el apoyo logístico del ejército estadounidense. De acuerdo con la BBC, la operación se da en el marco de nuevos acuerdos entre las Fuerzas Armadas de Brasilia y Washington que pretenden “reaproximar” y “estrechar” las relaciones militares de los dos países (http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/05/08/brasil-tropas-de-eeuu-participaran-de-ejercicio-militar-en-amazonia/). Pero más preocupante aún fueron las declaraciones de la embajada de Estados Unidos que aseguró existen “otros acuerdos en discusión, incluyendo soporte logístico, pruebas y evaluación en ciencia y tecnología e intercambios científicos”. A buen entendedor, pocas palabras.
Por si fuera poco, el ejército brasilero negó en aquel entonces que la operación sirviera como germen para una posible base multinacional como sucedió en el caso húngaro. No obstante, hace algún tiempo (se cree que entre el 6 y 13 de noviembre de 2017), se inauguró una “base logística internacional” cuyo propósito fundamental es la “asistencia humanitaria”. (https://www.clarin.com/mundo/brasil-ee-uu-paises-crearan-base-militar-amazonas_0_S1Z-CZYCW.html). El operativo AmazonLog 17 tendrá como bases las ciudades de Tabatinga (Brasil), Leticia (Colombia) y Santa Rosa (Perú), que comparten la triple frontera amazónica. Más claro no puede ser el objetivo de Estados Unidos que, con la salida injusta y manipulada de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, encontró en su corrupto sucesor Michael Temer un socio sin precedentes. De hecho, Temer ya le entregó al Pentágono la base militar de Alcántara ubicada al norte del país, desde donde el ejército estadounidense tendrá un comando de operaciones sin parangón para el control territorial y la prueba de sus virus y bacterias (http://www.hispantv.com/noticias/brasil/356054/temer-base-espacial-eeuu-militar-alcantara). En este punto es donde comienza a evidenciarse las consecuencias del giro a la derecha que viene sufriendo el continente latinoamericano.
Como ha sido comprobado históricamente las “razones humanitarias” no existen para el gobierno de Estados Unidos. O quizás sí, pero funcionan a la inversa, es decir se justifica las intervenciones, pero en detrimento de la humanidad. El apoyo a crueles dictaduras y la violación sistemática a derechos humanos por parte de militares estadounidenses, son tan sólo algunos ejemplos de “la ayuda humanitaria” que ofrece Estados Unidos. El nuevo proyecto AmazonLog 17 es claramente un despliegue geoestratégico en el que, con la complicidad de gobiernos serviles e ignorantes, el Pentágono pondrá en marcha laboratorios dedicados a la producción de enfermedades tropicales que sirvan para mitigar el crecimiento de la población latinoamericana que amenaza su futuro, otra “causa humanitaria”.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca pretende ubicar sus tropas para “proteger los recursos hídricos” mientras explota a su antojo las fuentes de agua, flora y fauna de la Amazonía. Lo más increíble del caso es que todas las actividades son realizadas en presencia de gobiernos que desconocen el vocablo soberanía. En efecto, si se considera la nueva presencia militar de Washington en el norte de Brasil y se suman las tropas de las siete bases militares en Colombia, se podría decir que hemos retornado a la Guerra Fría porque incluso se están desarrollando agentes químicos para eliminar a la población. Esperemos que el siguiente paso del plan geopolítico norteamericano no sea el apoyo a terribles dictaduras.

Colombia: “No dejamos las armas para que nos maten”, señalan las FARC

Iván Márquez, uno de los jefes de ese grupo, afirmó que la desmovilización de la guerrilla se dio con base en la promesa de que podrían hacer política con la protección necesaria de parte del Estado

En la más reciente reunión de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los acuerdos de paz, el partido Farc pidió al Gobierno de Colombia implementar estrategias efectivas que les garanticen seguridad.
Iván Márquez, uno de los jefes de ese grupo, afirmó que la desmovilización de la guerrilla se dio con base en la promesa de que podrían hacer política con la protección necesaria de parte del Estado para salvaguardar sus vidas, señala RCN Radio.

“Entonces estamos reclamando del Gobierno una acción concreta que permita frenar esta carrera de muerte que se ha iniciado”, señaló.
“Nosotros hicimos un acuerdo de paz para dejar las armas y poder participar en política, pero no para que nos maten, la dejación de armas no es para que nos maten”, reclamó Márquez.
Por su parte, Jesús Santrich, solicitó que se active la unidad de persecución de organizaciones paramilitares, que fue acordada en La Habana.
“Creo que el Gobierno está haciendo lo posible pero hay que intensificar las medidas y proponemos que se cumpla con el acuerdo y activar ya la unidad de investigación del paramilitarismo, yo creo que la Fiscalía no debe bloquear más eso”, indicó.
La Farc asegura que se trata de un reclamo justo a las autoridades y al Gobierno colombiano.

miércoles, 17 de enero de 2018

Venezuela: Así fue el desmantelamiento del grupo terrorista liderado por Oscar Pérez

Este grupo fue responsable de perpetrar crímenes atroces al ametrallar y lanzar artefactos explosivos contra el recinto del Tribunal Supremo de Justicia. Foto: BBC
Un enfrentamiento del grupo terrorista liderado por Oscar Pérez contra los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, en el sector Araguaney, dejó un saldo de siete terroristas abatidos, seis personas aprehendidas, dos funcionarios asesinados y ocho oficiales gravemente heridos, según informó este martes el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol.
Al ofrecer un balance sobre la operación ejecutada este lunes, Reverol precisó que los sujetos abatidos son:
  • Daniel Enrique Soto (30 años)
  • Abraham Israel Agostini Agostini (30 años)
  • José Alejandro Díaz Pimentel
  • Oscar Alberto Pérez (36)
  • Jairo Lugo Ramos
  • Abraham Lugo Ramos
  • Una fémina por identificar, que acompañaba a estos hombres armados.
“Durante las acciones de desmantelamiento, los terroristas abrieron fuego contra los funcionarios, quienes procedieron según los protocolos definidos, a neutralizar el grupo de agresores, con el saldo de siete terroristas fallecidos”, explicó Reverol.
Este grupo es responsable, luego de robar un helicóptero oficial, de perpetrar crímenes atroces al ametrallar y lanzar artefactos explosivos contra el recinto del Tribunal Supremo de Justicia y contra la terraza del Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz (donde en ese momento se realizaba el acto conmemorativo del día del Periodista), el pasado 27 de junio de 2017.
Estas acciones pusieron en gravísimo riesgo la vida de personas inocentes, incluso la de niños del preescolar que se encuentra en la sede de nuestro Máximo Tribunal; asimismo, son responsables del ataque contra el destacamento de la Guardia Nacional situado en San Pedro de los Altos, población del Estado Miranda, en fecha 18 de diciembre de 2017, de donde sustrajeron armas de guerra para ser utilizadas en actos contra la paz del pueblo de Venezuela.
El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol confirmó la muerte del líder de la célula terrorista Oscar Pérez. Foto: Correo del Orinoco
Igualmente, el ministro para Relaciones Interiores y Justicia comunicó que, por ser cómplices de esta célula terrorista, fueron detenidos William Alberto Aguado Sequera, Joaldy Javier Deyón González, Juan Carlos Urdaneta Marcano, Eva María Lugo, Laura Vanessa Ruíz Lugo y Antonio José Pérez Cisneros.
Durante el allanamiento de la vivienda de Aguado Sequera, Reverol acotó que fueron incautados dos fusiles AK-103; 06 cargadores para fusil Ak-103; dos rifles, una escopeta, una chaqueta del CICPC, uniformes militares, granadas de humo, así como municiones de diverso calibre. Acotó que el vehículo marca Chevrolet, de Williams Aguado, modelo Luv D´Max, color rojo, placa A51AJ0P, era utilizado para la movilización del material de guerra.
El titular del despacho para Relaciones Interiores, Justicia y Paz lamentó la pérdida de los funcionarios Andrian Domingo Ugarte Ferrera (32 años, S/J ) y Nelson Antonio Chirinos La Cruz (29 años, O/A).
“Con profundo dolor enviamos nuestro reconocimiento eterno a quienes cayeron en el cumplimiento de su sagrado juramento de servir a nuestra Patria (…) A sus familiares nuestras más profundas condolencias”, dijo.
Finalmente, Néstor Luis Reverol puntualizó: “Gracias a estos valientes hombres y mujeres, se logró una vez más garantizar la protección, la seguridad y la paz de nuestro pueblo”.
Ver imagen en TwitterVer imagen en Twitter
2. Los actos cometidos por esta banda criminal, califican en la definición establecida en el artículo 4to de la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, constituyendo claros y flagrantes ataques contra la institucionalidad democrática.

| @NestorReverol:En el allanamiento de la vivienda de Williams Alberto Aguado Sequera, se colectaron 02 fusiles ak-103, 06 cargadores para fusil ak-103, dos rifles, una escopeta, una chaqueta del Cicpc, uniformes militares, granadas de humo, munición de varios calibres

| @NestorReverol: El vehículo marca Chevrolet, de Williams Aguado, modelo Luv D´Max, color rojo, placa A51AJ0P, era utilizado para la movilización del material de guerra.

(Tomado de Correo del Orinoco)